Escribe:Roland Higuita Marín

El exilio y su intrínseca distancia obliga a actualizaciones retroactivas: toca vivir con retraso muchos hechos ya tragados por el tiempo.

Pasados 33 años desde que ocurriera el atentado de la Plaza de Toros La Macarena de Medellín, una de mis hermanas me relata que ella misma fue golpeada por el chorro de aire que generó la onda expansiva, sintiendo el desfonde del suelo que pisaba mientras departía en una de las casetas en que se celebraba el fin de una corrida. Pudo escapar de allí por su propio pie en compañía de su esposo y traerme personalmente la vieja primicia de ser una de las sobrevivientes. La noticia me metió un susto adobado con taquicardia, seguido de un suspiro emocionado por tener a mi hermanita viva y salva frente a mí.

Aquella lejana tarde 30 personas perdieron la vida y cerca de 150 quedaron heridas a causa de la planificada detonación de 200 kilos de dinamita por parte del Cartel de Medellín. Era febrero de 1991 y la mafia decidió enviar así un mensaje al gobierno y a la sociedad sobre su poder destructivo.

Recuerdo que por esos días la agitación callejera y la furibunda consigna de defensa de la educación pública desde el movimiento estudiantil, constituían el entorno inmediato desde el cual muchos nos forjábamos una interpretación crítica de la historia colombiana. Junto con organizaciones sociales y fuerzas políticas de izquierda se configuraban agendas para la formación y movilización ciudadana.

Aparecieron ante mí los grandes temas a través de los cuales entender el mapa roto de un país en disputa. La tenencia de la tierra, la soberanía territorial, la identidad cultural, el imperialismo primermundista, la doctrina de seguridad y la corrupción política, entre otros aspectos, ampliaban el marco mental para comprender la sofocante coyuntura y atisbar horizontes de cambio.

Sin embargo, no recuerdo que entre esas categorías de análisis estuviese el tema del narcotráfico, a pesar de que su existencia y sus formas se imponían en la realidad cotidiana, tanto en los titulares de prensa que contabilizaban sus epistolares carros-bomba, como en los florecimientos súbitos de aquellos vecinos que de la noche a la mañana convertían sus casitas famélicas en remedos de palacetes de Beverly Hills y en los que se obsequiaban a la vecindad verbenas callejeras con ríos de aguardiente, montoncitos de perico y carne de marrano.

¿Cómo es que en nuestros análisis de realidad no se descifró al narcotráfico en su peso específico como factor estratégico de poder y determinador de violencia?

Solo hasta ahora, tres décadas después y tal como ocurriera con la historia de mi hermana, logro aclararme de la mano del Informe de la Comisión de la Verdad, sobre el papel del narcotráfico como generador de violencia y como factor de persistencia.

Se puede concluir con meridiana claridad que el narcotráfico en Colombia ha sido mucho más que un negocio de emprendedores con mañas delictivas. Ha sido y es un modelo de acumulación de capital y poder político. Su impacto multidimensional lo revela como fuerza protagónica del conflicto, determinando dinámicas de tipo económico, control social y sometimiento territorial. Su expansión no solo constituyó fuentes de financiación de paramilitares e insurgencias, sino que además penetró los distintos niveles de una burocracia institucional, que lejos de apegarse a principios éticos básicos para el desarrollo de la función pública, cedió al encantamiento del lujo y el gozo material que proveía el dinero rápido. Billetes relucientes multiplicaron sus estragos en sectores como la justicia y los organismos de seguridad del Estado, fabricando tanto víctimas como victimarios.

La lucha antidrogas y su férreo criterio prohibicionista fueron origen de la estigmatización del campesinado y las comunidades rurales, convirtiéndoles en el objetivo de cruentas políticas represivas bajo el pretexto de la erradicación de cultivos y que en vez de significar una solución inteligente actuaron como una contrarreforma agraria, desplazando cientos de miles de familias y despojando millones de hectáreas.

Según la Comisión de la Verdad, “las dimensiones políticas del narcotráfico y su vínculo con amplios sectores del poder político ha sido un obstáculo para la democratización del país. El narcotráfico no solo financió la guerra de los grupos armados, sino que ingresó de manera directa a la disputa por el poder político, local y nacional, financiando campañas y distorsionando las posibilidades de una verdadera competencia, así como con la captura de instituciones públicas para el beneficio de sus intereses.”

La persistencia de la violencia debemos asociarla a la facultad de rediseño cíclico de los factores causantes. El narcotráfico ha demostrado una gran capacidad adaptativa a las condiciones surgidas de los cambios y estremecimientos de la realidad sociopolítica colombiana. Como modelo acumulativo ha sido lo suficientemente versátil para desplegar sus estrategias de adecuación en un contexto de transformación tan inédito como el que significa que por primera vez en la historia del país el poder ejecutivo quedase en manos de un proyecto político por fuera de sus viejas nóminas de servicio.

La última votación para corporaciones municipales y departamentales encumbró otra vez al caciquismo, a la vieja clase política y a las candidaturas nostálgicas del uribismo militarista, dejando en sus manos el poder representativo en los territorios. Las entidades de incidencia local, reconquistadas o mantenidas por liderazgos ligados a la corrupción, el paramilitarismo o el narcotráfico, son ahora una potente herramienta de la oposición para obstaculizar la implementación de una agenda de paz por parte del gobierno central

Una vez más ocurrieron las escenas de altas cantidades de dinero en maleteros, fajos bajo mesas o cobros masivos en los aledaños de los centros de votación. Los territorios han sido otra vez presa de la mala entraña mafiosa que manda y atraviesa el desenvolvimiento de las vidas comunes, acosadas por una violencia financiada con un dinero que parece que todavía lo toca todo.

Las recomendaciones de la Comisión instan a un abordaje del problema desde una perspectiva de fomento y garantía de la seguridad humana e integral, con aplicación a los estándares internacionales para proteger los derechos de las poblaciones afectadas. Sugiere abandonar el enfoque como un problema exclusivamente de seguridad nacional y en el que las acciones sean meramente de carácter militar.

Propone también mecanismos para depurar la escogencia de los perfiles que han de orientar el cumplimiento institucional de desmantelar el crimen organizado, procurando acciones de control y transparencia que impidan la captación para el desarrollo de prácticas corruptas.

Igualmente, propone al Estado abrir canales de interlocución con las comunidades asentadas en los territorios enclave del narcotráfico, promoviendo su participación en la implementación de fórmulas de sustitución de cultivos ilícitos y su integración efectiva al circuito de economías lícitas, además de promover conjuntamente con la comunidad internacional una reflexión profunda sobre el evidente fracaso del prohibicionismo a raja tabla para considerar, en cambio, la regulación de la producción, procesamiento y consumo.

El narcotráfico sigue rompiendo vidas en Colombia y hace mucho que implantó su modelo de control territorial y político en otros países de la región. En muchos casos mostrando de forma explícita su violencia más despiadada, como en México o República Dominicana, y ni que decir de los últimos acontecimientos en Ecuador, en lo que parece ser el aprovechamiento oportunista del descalabro económico y social de los últimos gobiernos, para hacer de los partidos una plantilla de servicios y de la juventud un ejército de sicarios comandado desde las cárceles.

Mi hermana salvó su vida en un acto en el que muchas otras personas la perdieron. Mi contentura, sin embargo, convive con la tristeza de entender que tal vez los carros-bombas de la mafia dieron paso a otras formas menos estruendosas y demoledoras de matar ciudadanía, de las cuales muchas provienen de la propia política diseñada supuestamente para combatirla.

Ni debilitamiento del negocio, ni contención a la expansión efectiva de su mandato. La Paz Grande que recomienda la Comisión, y la Paz Total, que es propósito del gobierno Petro, tienen un claro elemento común: ambas deben ganar antes y de forma definitiva el pulso desafiante que aún representa la gran empresa de la mafia.