El término desaparición forzada se ha hecho un lugar en Colombia a golpe de sonar durante décadas en informes, denuncias, testimonios y titulares de prensa. Su asidero en la realidad ya no es cuestión de duda. Hubo una larga época en que sí.
Yo conocí el término a través del reclamo que hacían los propios familiares de las personas desaparecidas mediante plantones a contraviento que realizaba en Medellín la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -Asfaddes- en la década de los 90. Con tomas callejeras de inusual fuerza simbólica, trataban de pellizcar la atención de transeúntes asediados por la prisa, y que, en muchas ocasiones, solo reaccionaban con miradas de reprobación y desconfianza ante las consignas que señalaban la responsabilidad de funcionarios y agentes del Estado.
La lucha de los familiares por ser escuchados y creídos rayaba con ser una gesta imposible, llevada a cabo en profunda soledad y ante una discursiva oficial abiertamente hostil y negacionista que ponía en tela de juicio sus denuncias, socavando su credibilidad y ocasionando que muchos familiares terminaran siendo revictimizados.
Hoy sin duda es otro momento y hay buenas señales de que aquella duda estructural que se cernía sobre la voz denunciante de las víctimas cede paso a una postura institucional más depurada, receptiva y eficaz que, además de reconocer su credibilidad, se esfuerza por dignificarlas.
Simultáneamente a estos cambios ocurre la reconversión de algunos personajes que han forjado su perfil público a partir del protagonismo en los más tenebrosos capítulos del conflicto armado y acerca de los cuales no cabe duda de su responsabilidad como victimarios desaparecedores.
Tal es el caso del giro espectacular dado por el señor Salvatore Mancuso, excomandante paramilitar de las AUC, quien lleva ya años ocupando planas de prensa en virtud de su desempeño en las audiencias abiertas por la Comisión de la Verdad y recientemente ante el Tribunal Transicional de la JEP.
Sin embargo, la importancia que revisten sus testimonios para el necesario esclarecimiento de hechos horrendos, así como para la administración de justicia, no alivia la preocupación que suscita su desmedida sobreactuación en lo que respecta a las acciones humanitarias que él mismo dice anhelar.
Sus declaraciones a la prensa parecen transmitir la idea de estar completamente en sintonía con el dolor y las aspiraciones de las familias buscadoras, así como sobrellevar en sus espaldas el peso de una búsqueda que requiere de su poderío personal y de su capacidad de incidencia política.
En su nuevo rol como Gestor de Paz, Mancuso ha solicitado personalmente el permiso al presidente Maduro para poder desplazarse e indicar, él mismo, la ubicación de más de 400 fosas comunes en territorio venezolano y a lo largo de la frontera hasta las Sabanas de Córdoba.
Mancuso no solo confirma los nexos estrechos entre las estructuras paramilitares que comandaba con mandos de fuerzas de seguridad del Estado y sectores económicos, refrendando las hipótesis sobre las cuales muchas familias han diseñado sus rutas de búsqueda, sino que, además, se abroga la defensa del derecho que tienen las familias a encontrar y dar cristiana sepultura a sus seres desaparecidos.
Ya esto es demasiado y a mí parecer, no le corresponde.
La voz de las familias buscadoras, por mérito propio, hoy es más fuerte que nunca. Su credibilidad social no necesita ser otorgada por un victimario desaparecedor que, por conveniencia personal o modulación de su conciencia, decide posicionarse del lado de la búsqueda de la paz y de la condolencia con las miles de víctimas que él mismo dañó.
Es un límite sutil sobre el que parece que el señor Mancuso sabe deslizarse en favor de robustecer su personalidad política, procurando tal vez una suerte de “mimetismo empático” entre las reivindicaciones de justicia de las propias víctimas.
Justo este mes de julio se cumplen 20 años de aquella famosa comparecencia de Mancuso en el Congreso de la República de Colombia. Allí, como comandante de las AUC y con el aval del presidente Uribe, justificó su proyecto paramilitar -heroico e inevitable, según sus palabras- dirigiéndose a los representantes del pueblo con un discurso tan aplomado como ataviado de piropos a la Patria, a Dios y a la Familia.
En aquella ocasión habló como político y sostuvo su ideario con tono de juramento, recibiendo luego una acalorada ovación que aplastó las pocas valientes voces de víctimas que manifestaban su indignación.
Mancuso hoy está de nuevo en escena y puedo suponer que trate de abrirse un espacio como un futurible activo y funcional para una derecha colombiana que se verá forzada a retomar el centro político, incorporando en su discurso horizontes de paz y reconciliación.
Está en su derecho, pero nunca usurpando el relato ni mucho menos tomando vocería de las víc8timas que él mismo ocasionó. Habrá que afinar el criterio para reconocer a las palabras del victimario la justa credibilidad que merecen.
